¿Cuando puede el juez decretar la prisión provisional de un investigado?

La prisión provisional viene regulada en el Título III, Capítulo III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En primer lugar debemos recalcar que la prisión provisional unicamente puede ser acordada por el juez o magistrado a petición del fiscal o de alguna de las acusaciones. El juez o magistrado nunca la puede decretar de oficio.

Manifestado lo anterior el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone cuando puede ser ordenada el ingreso del acusado en prisión de forma provisional:

“La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.

Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las reglas especiales para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo II del título III del libro I del Código Penal.

2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.”

Es decir que la prisión provisional solamente cabe cuando la pena que puede sufrir al investigado por el delito que presuntamente habría podido cometer a la finalización del proceso penal sea superior a dos años de cárcel o cuando tenga antecedentes penales no cancelados por delito doloso y además que existan pruebas o indicios de que apunten a la autoría por parte de investigado.

Por otra parte el artículo 503 también establece que fines debe perseguir la decisión de decretar la prisión provisional del investigado:

  • Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse su riesgo de fuga.
  • Evitar la alteración, ocultación o destrucción de las fuentes del prueba para el enjuiciamiento.
  • Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima.
  • Evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

Además  el artículo 502.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “el juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el investigado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta”.

Es decir, la prisión provisional debe ser proporcionada en relación con el derecho fundamental sacrificado, la libertad del investigado.

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