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Delito de prevaricación

Prevaricación significa que una autoridad, juez o funcionario público dicta a sabiendas una resolución o sentencia injusta, lo cual constituye un delito. El delito de prevaricación está tipificado en el Código Penal español, en los títulos concernientes a los delitos contra la Administración de justicia y contra la Administración pública.

El derecho penal se encarga de administrar justicia en estos casos para la protección de los ciudadanos y del propio sistema de administración de justicia y pública. Desde Legal abogados de Madrid somos profesionales calificados para asistir a cualquier persona natural o jurídica afectada por un delito de prevaricación.

El delito de prevaricación y las penas que conlleva

En lo concerniente a la Administración de justicia, según el artículo 446 del Código Penal, si un juez o magistrado dicta una sentencia o resolución, a sabiendas de que es injusta, comete un delito de prevaricación. Según lo establecido, el autor de los hechos tiene que ser un juez o magistrado, y las penas con las que es castigado este delito son prisión, multa e inhabilitación.

  • Si la sentencia injusta se dicta contra una persona procesada por delito grave o menos grave y la sentencia no se ha ejecutado, el juez o magistrado se castigará con prisión de uno a cuatro años.
  • Si la sentencia se ha ejecutado, se le aplicará la misma pena en su mitad superior, además de una multa de doce a veinticuatro meses.

En ambos casos, el juez o magistrado será castigado con inhabilitación absoluta por un tiempo de diez a veinte años.

Si se trata de una sentencia injusta contra una persona procesada por un delito leve, el castigo será una multa de seis a doce meses. Además, se aplicará la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de seis a diez años.

Para cualquier otra sentencia o resolución injusta, el juez o magistrado podrá ser castigado con la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Además se le aplicará una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de diez a veinte años.

Otros delitos de prevaricación en la administración de justicia

El Código Penal establece castigos por el delito de prevaricación en otras actuaciones injustas del juez o magistrado.

  • Cuando un juez o magistrado por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dicta una sentencia o resolución manifiestamente injusta: inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.
  • Cuando un juez o magistrado se niega a juzgar, sin alegar causa legal, o poniendo como pretexto oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley: inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a cuatro años.
  • Cuando el juez, magistrado o secretario judicial sea culpable de retardo malicioso (para conseguir una finalidad ilegítima) en la administración de justicia: inhabilitación especial para cargo o empleo público por un tiempo de seis meses a cuatro años.

El delito de prevaricación administrativa

En el delito de prevaricación administrativa los hechos son cometidos por un funcionario público o por una autoridad de la Administración pública. No cuentan como funcionarios públicos en este caso los secretarios judiciales, magistrados o jueces. Para estos específicamente, como hemos visto, el Código Penal tipifica el delito de prevaricación en el ámbito de la administración de justicia.

En el artículo 404 del Código Penal se establece el castigo para la autoridad o funcionario público que dicte una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia, sobre un asunto administrativo. La pena es la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve a quince años.

Prevaricación administrativa por nombramiento ilegal

El delito de prevaricación en el ámbito de la administración pública está tipificado también para los casos de propuestas y nombramientos ilegales de personas para cargos públicos. Se establece como delito que una autoridad o funcionario público competente, a sabiendas de su ilegalidad, proponga, nombre o dé posesión para el ejercicio de un cargo público a una persona que no cumple con los requisitos legales.

A la autoridad o funcionario público se le podrá imponer una pena de multa de tres a ocho meses, y la suspensión de empleo o cargo público por un período de uno a tres años.

El Código Penal establece la misma pena de multa a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión, sabiendo que no reúne los requisitos legales exigidos para ejercer el cargo público.

Prevaricación administrativa en el área medioambiental

El artículo 329 del Código Penal establece un delito de prevaricación en el ámbito medioambiental. Se aplica en los casos en los que una autoridad o funcionario público, a sabiendas de su ilegalidad:

  • Informe favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes para el medioambiente.
  • Que con motivo de las inspecciones silencie la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen.
  • Que omita la realización de inspecciones de carácter obligatorio.

El castigo que se aplica a la autoridad o funcionario público incluye:

  • La pena establecida en el artículo 404 del Código Penal: inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve a quince años.
  • Pena de prisión de seis meses a tres años.
  • Multa de ocho a veinticuatro meses.

Con estas mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado resuelva o vote a favor de la concesión, aun sabiendo que se trata de una injusticia.

¿Cómo se denuncia un delito de prevaricación?

La denuncia se realiza ante un juzgado presentando un escrito donde aparezcan los datos del denunciante, así como también:

  • La descripción de los hechos y de las resoluciones dictadas por la autoridad o funcionario público que se esté denunciando.
  • La descripción de los fundamentos legales de la denuncia.

Es fundamental que el denunciante cuente con la asesoría de un abogado especialista en Derecho penal para la realización de este escrito.