El recurso contencioso administrativo es un procedimiento judicial establecido en la Ley reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, considerada una pieza esencial del Estado de Derecho español.
¿Por qué es fundamental la jurisdicción Contencioso-administrativa? Porque tiene una naturaleza y misión de control de la actividad administrativa pública. Su objetivo es que se garanticen la legalidad y los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las actuaciones de la Administración Pública.
Igualmente, se aplica en los casos de inactividad de los órganos de la Administración Pública que tenga como consecuencia la lesión de los derechos e intereses de los ciudadanos. Los abogados en Madrid tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para atender este tipo de procedimiento judicial.
Fines del recurso contencioso administrativo
El recurso contencioso administrativo se interpone para la defensa del interés personal, de los intereses colectivos y cualquier otro interés que sea legítimo, incluidos los intereses de naturaleza política.
Entre sus fines está también constituirse como un mecanismo de control de legalidad de las Administraciones inferiores, y ser un instrumento útil para la defensa de su autonomía. Además, es un instrumento que sirve para encauzar la defensa de los derechos y libertades encargados a ciertas instituciones públicas.
El recurso contencioso administrativo cubre las materias administrativa y fiscal, y algunas materias del ámbito mercantil.
Objeto del recurso contencioso administrativo
La ley establece cuatro modalidades de recurso contencioso administrativo según su objeto:
- El tradicional, dirigido contra actos administrativos expresos o presuntos.
- El que versa sobre la legalidad de alguna disposición general, directa o indirectamente.
- El recurso dirigido contra la inactividad de la Administración.
- El que se interpone contra actuaciones de vías de hecho, cuando la Administración hace uso de un poder que no le corresponde, o no realiza el procedimiento con apego a la ley.
¿Dónde se interpone un recurso contencioso administrativo?
Los recursos contenciosos administrativos se interponen en los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con la ley. Estos órganos son juzgados, juzgados centrales, salas competentes en esta materia en los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo de Justicia.
¿Quién puede interponer un recurso contencioso administrativo?
Cualquier persona natural o jurídica que considere que su interés o derecho legítimo ha sido vulnerado. Asociaciones, sindicatos y corporaciones, así como grupos que no estén constituidos en estructuras formales, pero vean sus derechos e intereses afectados, o estén habilitados por la ley para defender los intereses y derechos legítimos colectivos.
La Administración del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, las entidades locales territoriales y el Ministerio Fiscal también están legitimados para interponer un recurso contencioso administrativo.
¿Cómo se interpone un recurso contencioso administrativo?
Se presenta un escrito donde se solicita y se señala la disposición, acto, inactividad o actuación de la Administración Pública contra la que se está interponiendo el recurso. El escrito debe ir acompañado de un documento que señale expresamente la disposición o el acto que se está recurriendo.
Si el recurso se interpone por inactividad de la Administración o una vía de hecho, debe hacerse mención del órgano o dependencia involucrada. Debe anexarse el expediente y otros datos que sean válidos para identificar y conocer suficientemente el objetivo del recurso.
Plazos para interponer un recurso contencioso administrativo
Para interponer el recurso está establecido un plazo de dos meses que empieza a correr desde el día siguiente de la publicación de la disposición que se está impugnando. O desde el día después de la notificación o publicación expresa del acto, por parte de la Administración Pública, por la que se ponga fin a la vía administrativa. Sin embargo, existen otros tipos de plazos fijados por la ley.
- Si el recurso se interpone por un acto presunto, el plazo es de seis meses, y se cuenta a partir del día siguiente a la fecha en que se produjo el acto presunto.
- Cuando la Administración no ha ejecutado actos firmes y se haya solicitado su ejecución, el plazo será de dos meses contados desde el día después de vencido el período establecido de un mes durante el cual se debía dar respuesta a la solicitud.
- El mismo plazo aplica para los casos de silencio administrativo, solo que comienza a contarse desde el día siguiente de vencido el plazo de tres meses que tiene la Administración Pública para dar respuesta.
- Si el recurso se interpone contra una actuación en vía de hecho, el plazo establecido es de diez días, y se cuentan desde el día siguiente de transcurridos los diez días fijados por la ley para que la Administración dé respuesta al requerimiento. De no no existir requerimiento, el plazo es de veinte días contados a partir del día que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.
- Si se quiere interponer un recurso de lesividad, el plazo es de dos meses, y se cuenta desde el día siguiente de la fecha en la que se declaró la lesividad.
- Cuando el litigio es entre administraciones públicas, la ley fija un plazo de dos meses, salvo en los casos en que la legislación establezca algo distinto.
Recurso contencioso administrativo abreviado
La ley establece un procedimiento abreviado del recurso contencioso administrativo. Puede aplicarse en los casos de asuntos relacionados con personal de la Administración Pública, sobre casos de extranjería y de inadmisión de asilo político. Además, sobre casos de dopaje deportivo, y todos aquellos casos cuya cuantía no supere los 30 mil euros.
Limitaciones del recurso contencioso administrativo
Según señala la propia ley, el recurso es un instrumento que el ciudadano tiene a disposición para defender sus intereses y derechos de la actividad indebida o inactividad de la Administración Pública.
El recurso está hecho para que se garantice el cumplimiento exacto de la legalidad. Por eso la ley se refiere a prestaciones concretas y a actos que tienen un plazo para su adopción. Y en cuanto a la sentencia de condena ordena estrictamente lo establecido legalmente sobre las obligaciones administrativas. Sin embargo, este procedimiento legal no puede ponerle remedio a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficacia de la Administración Pública.